Legislatura Porteña:Compacto de la Sesión Ordinaria del 25 de Octubre de 2018

legislatura1_0 (1) (1)En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, diputados porteños posaron con carteles apoyando la campaña para promover su prevención y colaborar con su visualización.

El objetivo es que la sociedad tenga una mayor toma de conciencia sobre la prevención y la realización anual de estudios preventivos y los autoexámenes que las mujeres deben hacerse para detecten cambios o durezas en sus senos.

Durante este mes, el Palacio legislativo se ilumina de rosa por las noches, por tratarse del color que identifica a esta campaña sanitaria.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo. El 95% de los casos puede ser curado si se detecta a tiempo.

En la Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer pronosticó que durante 2018 se producirán más de 21.000 nuevos casos, (el 31,8% de todos los cánceres entre mujeres). Uno de cada cien casos afecta a hombres.

Se producen más de 5.800 muertes por año por cáncer de mama. Cada cien mil mujeres hay 73 afectadas. Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama. La mortalidad por cáncer de mama en Argentina ha disminuido de manera sostenida y estadísticamente significativa desde 1996 hasta 2016. Son otros datos aportados por ese organismo oficial específico.

La Legislatura creó por ley el Régimen de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada para el financiamiento de proyectos culturales. Se aplicará a las personas humanas y jurídicas que financien proyectos culturales y a las personas humanas y jurídicas sin fines de lucro que presenten proyectos culturales.

El artículo 3° expresa que “los proyectos culturales a ser incluidos en el Régimen deberán dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos al efecto y estar relacionados con la creación, producción, difusión, investigación y/o capacitación en diversas áreas del arte y la cultura, en la forma que establezca la reglamentación”.

Y que “se entiende por proyectos culturales de ‘inclusión social’ aquellos que tengan por objeto el desarrollo de actividades en poblaciones y/o espacios vulnerables y/o aquellos que favorezcan el acceso a la cultura y/o las artes en dichas poblaciones y/o espacios”.

El Ministerio de Cultura será la autoridad de aplicación con facultades de aprobar o desaprobar los proyectos que cuenten con dictamen del Consejo de Participación Cultural -CPC- que también creó esta ley, así como proveer y administrar las instalaciones, personal y equipamiento para el funcionamiento del Régimen, controlar el efectivo cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de los beneficios previstos en la ley y verificar la ejecución de los proyectos culturales aprobados.

Además, podrá crear un Comité para la evaluación de los aspectos artísticos y culturales de los proyectos, cuyos integrantes serán designados a propuesta del CPC, resolverá la aplicación de las sanciones, comunicará al CPC, previo a la apertura de la convocatoria, sobre el monto global anual asignado al Régimen, y su eventual distribución entre las distintas disciplinas del arte y la cultura, conforme los lineamientos que establezca la reglamentación. Incluso el ministerio podrá requerir la información que considere necesaria, tanto a los beneficiarios como a los patrocinadores, respecto de la ejecución de los proyectos culturales aprobados y remitir los antecedentes a la Procuración General a fin de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder en caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios y/o patrocinadores.

La flamante normativa dispone que el Consejo de Participación Cultural estará integrado por seis miembros: tres designados por el Jefe de Gobierno, uno de ellos el presidente; tres propuestos y designados por la Legislatura, dos de ellos por la Comisión de Cultura y uno por la Comisión especial de Patrimonio arquitectónico y paisajístico. Durarán dos años en sus cargos y podrán ser reelegidos por no más de dos períodos consecutivos y sin límites en períodos alternados.

Podrán ser beneficiarios quienes presenten proyectos culturales, y que se encuentren comprendidos en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las personas humanas con domicilio y desarrollo del proyecto cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Las personas jurídicas sin fines de lucro con domicilio y desarrollo del proyecto cultural en la Ciudad, cuyo objeto estatutario comprenda actividades culturales y/o vinculadas con el desarrollo del proyecto cultural presentado;
c) Las personas humanas, las personas jurídicas sin fines de lucro propietarias y los consorcios de copropietarios de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la CABA que hayan sido declarados en los términos de la Ley N° 1.227 y normativas complementarias y modificatorias, y/ o que se encuentren comprendidos en el Catálogo de Inmuebles Protegidos del Código Urbanístico, o el que en el futuro lo reemplace, en relación a proyectos de puesta en valor de los inmuebles;
d) Las organizaciones no gubernamentales que se encuentren vinculadas a alguna entidad oficial, de acuerdo a la Ordenanza N° 35.514 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su reglamentación y normas complementarias, debiendo contar con una conformidad expresa emanada de la mencionada entidad;
e) Los organismos y/o entes públicos en la forma y con los alcances fijados en la reglamentación;
f) Personas humanas y/o personas jurídicas sin fines de lucro que no se domicilien en la Ciudad y sean titulares de proyectos culturales con desarrollo en la Ciudad.
No podrán ser beneficiarias las personas humanas que tuvieran un vínculo por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado con alguno de los miembros del CPC y/o del Comité que la autoridad de aplicación designe, las personas jurídicas integradas en sus órganos de gobierno, de administración y/o de contralor por alguno de los miembros de esos organismos o que tuvieren un vínculo laboral y/o contractual con aquellos, tampoco quienes hubieren obtenido con sanción firme la exclusión del Régimen previsto por la Ley 2.264 (texto consolidado por Ley 5.666).

Podrán ser patrocinadores “todos los contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aporten al financiamiento de proyectos culturales aprobados en el marco del presente Régimen, y que no se encuentren comprendidos en los siguientes supuestos: a) Contribuyentes con saldos pendientes de pago respecto de obligaciones tributarias vencidas con el GCABA; b) Contribuyentes cuya imagen esté vinculada a bebidas alcohólicas y/o productos que contengan tabaco”.

Según el artículo 13° “no podrán ser patrocinadores de proyectos culturales quienes se encuentren vinculados con los beneficiarios titulares de proyectos culturales aprobados en el marco del Régimen”.

“Se entiende que habrá vinculación entre el beneficiario y el patrocinador cuando: a) El patrocinador sea fundador, administrador, socio, proveedor, empleado y/o empleador del beneficiario; b) El patrocinador o, tratándose de una persona jurídica, cualquier integrante de sus órganos, resulte pariente del beneficiario por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado”, señala el artículo 14.

Por otra parte según el artículo 15° “los contribuyentes no podrán imputar aportes en virtud del régimen por más del 10% de la determinación anual del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del ejercicio fiscal anterior al del aporte. Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, podrán imputar aportes hasta el total de su obligación anual”.

Los aportes efectuados a proyectos culturales presentados por personas jurídicas y aprobados podrán ser imputados por los patrocinadores como un pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio de su efectivización, siempre que no excedan el límite del 10% anual de acuerdo al siguiente esquema: 80% cuando se trate de quienes reciban por primera vez el beneficio, 70 % a la segunda vez, 60% cuando se trate de la tercera vez y, 50 % cuando se trate de un beneficiario que reciba por cuarta o más veces. La reglamentación establecerá los topes aplicables, el procedimiento y las formalidades necesarias para la instrumentación de dicha imputación.

El artículo 18° establece que “en caso de proyectos culturales de inclusión social presentados por personas jurídicas, los patrocinadores podrán imputar el 100% del aporte efectuado, como un pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio de su efectivización”.

Además, la ley fijó criterios de procedimiento, limitaciones, sanciones y recursos y entre las disposiciones transitorias se abrogó la Ley 2.264, texto consolidado por Ley 5.666. La nueva normativa entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2019; y se reglamentará dentro de los noventa días a partir de la promulgación.

Durante el tratamiento en el recinto, el miembro informante fue el diputado Omar Abboud (VJ), presidente de la Comisión de Cultura. Destacó el avance jurídico respecto al antecedente establecido por la Ley 2264, de Mecenazgo, sobre la base de la experiencia obtenida por el Poder Ejecutivo. Entre los cambios sustanciales mencionó el incremento de participación impositiva y el establecimiento de un mínimo de 0,5% en el IIB, también destacó la participación en el CPC de la Comisión especial de Patrimonio arquitectónico y paisajístico y la eliminación de la figura del benefactor. Remarcó que la nueva legislación imprimirá mayor celeridad a la aprobación de los proyectos que oscilará entre los tres y cuatro meses, y por otra parte se amplían significativamente los montos además de establecer un plazo concreto para la reglamentación.

La diputada María Rosa Muiños (BP) propuso una modificación al artículo 18 elevando del 90 al 100% la imputación del aporte, lo que fue aceptado; en tanto su par María Patricia Vischi adelantó el acompañamiento del bloque Evolución a la vez que solicitó dar prioridad a los proyectos de inclusión social.

El bloque Unidad Ciudadana a través de su presidente Carlos Tomada, fundamentó la abstención argumentando que “la partida presupuestaria de Cultura en el presupuesto del año 2019 sufrirá un importante recorte” y sostuvo que “este proyecto pone es un riesgo para la cultura alternativa o emergente”.

En contra se pronunció el FIT a través del diputado Gabriel Solano quien sostuvo respecto al patrocinador que “los gastos de su peculio no son más que los gastos de publicidad”; “es una ley de privatización de la cultura que afectará la estética, el artista se subordinará a la empresa”, enfatizó.

Sobre una iniciativa de los diputados Abboud, Maximiliano Ferrraro, Agustín Forchieri, Diego García de García Vilas (VJ), Muiños (BP) y Francisco Quintana (VJ) las Comisiones de Cultura y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria elevaron al Pleno un despacho único. La votación en general y en particular resultó de 47 afirmativos, 4 negativos (PTS-FI, AyL, FIT) y 7 abstenciones (UC).
Este jueves la Legislatura porteña sancionó una ley de promoción y resguardo de espacios libres de discriminación y/o violencia por cuestiones de género, identidad sexual u orientación sexual y acoso u hostigamiento escolar en la ciudad de Buenos Aires.

Todas las personas que habitan la Ciudad están protegidas contra cualquier acto de discriminación o violencia por cuestiones de género, identidad sexual u orientación sexual y acoso u hostigamiento escolar a través de su Constitución y de las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4.376, 3.062, y 5.688; y por las Leyes Nacionales N° 26.485, 26.873, 23.592, 26.743.

La finalidad de la ley aprobada sancionada este jueves por la Legislatura porteña es “promover y resguardar los espacios públicos o de acceso público libres de discriminación y/o violencia por cuestiones de género, identidad sexual u orientación sexual y acoso u hostigamiento escolar, en los que se desarrolla un pleno cumplimiento del marco normativo antidiscriminación compuesto por leyes nacionales y locales”.

Se establece como ámbito de aplicación de la norma a las Sedes del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme la definición del artículo 4º de la Ley 70; establecimientos de salud y educación, de gestión estatal y privada, bajo supervisión del Gobierno de la Ciudad; plazas, parques, espacios al aire libre destinados al público y medios de transporte público; espacios cerrados con acceso público del ámbito privado, comprendiendo pero no limitado a restaurantes, bares, cines, teatros, centros comerciales, ferias y estadios; establecimientos de salud y de educación superior y universitaria del ámbito nacional.

Esta ley de protección integral entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

“Promover y resguardar los espacios públicos o de acceso público libres de discriminación y/o violencia por cuestiones de género, identidad sexual u orientación sexual y acoso u hostigamiento escolar en la ciudad de Buenos Aires es cumplir la ley y respetar la Constitución. La medidas normativas que puedan sumar en ese sentido requieren de mecanismos prácticos y tareas inmediatas. El largo camino de la jurisprudencia de respeto a los derechos humanos, sociales y civiles, ya está dado. Ahora es tiempo de unirlos”, enfatizan los fundamentos del proyecto, de autoría del diputado Maximiliano Ferraro (VJ) y del diputado mandato cumplido Pablo Ferreyra.

En tanto, por iniciativa de la diputada Andrea Conde (UC), la Legislatura de la Ciudad expresó “su más enérgico repudio y preocupación por los hechos de violencia, discriminación y homofobia ocurridos en la pizzería Academia de la Pizza en el barrio de Palermo”.

La legisladora, en sus fundamentos, comentó que el pasado domingo, en ese local gastronómico, una pareja homosexual fue supuestamente agraviada por “el encargado, un mozo y un lavacopas”, quienes habrían insultado y golpeado a ambos, quienes junto a un tercero fueron a hacer la correspondiente denuncia policial.

“El ataque, tal como lo relataron constituye un ataque de discriminación homofóbica”, sostuvo la diputada e hizo referencia a la normativa legal de la Nación y la Ciudad contra la discriminación.

La Legislatura porteña sancionó por unanimidad un proyecto impulsado por el diputado Diego García de García Vilas (Confianza Pública) por el cual se que exime del pago de la renovación de licencias de conducir para jubilados y/o pensionados que perciban haberes hasta dos jubilaciones mínimas.

La ley establece:

a) Exímase la totalidad del pago de los aranceles en concepto de renovación de licencia de conducir a jubilados y/o pensionados que perciban haberes equivalentes hasta dos jubilaciones mínimas.
b) Para aquellos jubilados y/o pensionados que perciban haberes equivalentes superiores a dos jubilaciones mínimas y al momento de renovación de la licencia de conducir acrediten setenta (70) años de edad o más deberán abonar el 20% del arancel.
c) Para aquellos jubilados y/o pensionados que perciban haberes equivalentes superiores a dos jubilaciones mínimas y al momento de renovación de la licencia de conducir acrediten entre sesenta (60) y sesenta y nueva (69) años de edad deberán abonar el 60% del arancel.
También sostiene: “El trámite será gratuito y automático. El beneficiario tendrá la obligación de informar en el plazo de 60 días, toda modificación del haber jubilatorio o pensión, bajo pena de perder automáticamente la aplicación del presente régimen”.

La Legislatura porteña aprobó la declaración de Visitantes Ilustres al presidente con mandato cumplido de la República Oriental del Uruguay, José “Pepe” Mujica, y al actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera que visitarán la Ciudad en noviembre. También fueron destacados el automovilista Tito Bessone y el jugador de hockey Juan Manuel Vivaldi.

Los funcionarios visitarán la Ciudad para participar del Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico, que se desarrollará entre el 19 y 23 de noviembre próximo, con la presencia de investigadores y profesores internacionales. Las declaraciones fueron impulsadas por los diputados Leandro Santoro y Victoria Montenegro (UC).

Por su parte, fueron declarados Huéspedes de Honor, los Docentes universitarios británicos y españoles. La profesora de Teoría Política en la Universidad de Westmister y una de las fundadoras de la corriente posmarxista Chantal Mouffe fue declarada Huésped de Honor por iniciativa del diputado Leandro Santoro (UC).

En tanto, el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Londres, Kevin Jon Heller, fue distinguido por impulso del legislador Gonzalo Straface (VJ). Los libros publicados del visitante incluyen investigaciones sobre los procesos jurídicos de crímenes de guerra, ha participado también como asesor de la Corte Internacional Penal de La Haya y fue miembro de la organización Human Rights Watch’s, entre otras destacadas actuaciones.

También los profesores de la Universidad de Castilla La Mancha -España, Laura Mora Cabello de Alba y Joaquín Aparicio Tovar, especialistas en derecho del trabajo, fueron declarados Huéspedes de Honor por iniciativa del diputado Carlos Tomada (UC).

Se designaron además Personalidades Destacadas en el ámbito del Deporte, al automovilista Tito Bessone en reconocimiento a sus ocho palmareses en el TC (Turismo Carretera), TC 2000 (Turismo Competición 2000), TR (Top Race), TN (Turismo Nacional), Supercart y tres en el CAP (Club Argentino de Pilotos). El deportista recibirá el diploma de manos de la diputada Paola Michelotto (VJ), que redactó la norma.

El deportista Guillermo Salatino, acreedor de diploma de Personalidad Destacada por ser ganador de tres Buenos Aires Lawn Tenis y periodista profesional de extensa trayectoria, fue propuesta por el legislador Daniel Del Sol (VJ).

La diputada Silvia Gottero (BP) propuso la distinción y la entrega de una placa al club Boca Juniors que se consagró campeón de la Copa Libertadores hace 40 años tras vencer en la final a Deportivo Cali, de Colombia.

Por su trayectoria Deportiva el arquero de la Selección Nacional de hockey sobre césped, Juan Manuel Vivaldi, recibirá un diploma de reconocimiento a su trayectoria deportiva. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016), en los Panamericanos de Toronto (2015) y Guadalajara (2011). El proyecto de declaración fue presentado por el diputado Gonzalo Straface (VJ).

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